El pasado 6 de abril de 2022 un conjunto de activistas de Rebelión Científica, muchos vinculados profesionalmente al mundo académico, arrojó pintura roja biodegradable elaborada con ingredientes comunes de cocina sobre la fachada del Congreso de los Diputados. Se trató de una protesta simbólica que buscaba llamar la atención sobre la inacción climática que están demostrando nuestras sociedades. Y que de no ser revertida puede conducirnos a escenarios muy peligrosos, tal y como constata la mejor evidencia científica y como anticipa ya nuestra experiencia cotidiana: proliferación de fenómenos climáticos extremos con alto impacto en pérdidas humanas y económicas, afecciones a la salud pública, intensa degradación de las condiciones materiales de la gran mayoría de la población en amplias franjas del planeta, nuevas formas de desigualdad y una aceleración muy notable de los conflictos sociales y geopolíticos. A causa de esta acción, Fiscalía ha solicitado 21 meses de prisión para 15 personas encausadas, así como el pago de una multa que asciende a más de 2592 euros para el Estado y 713 euros para el Ayuntamiento de Madrid.
Nos resulta moralmente intolerable y políticamente inquietante el contraste entre la gravedad de la situación climática en curso, la inocuidad de la forma de protesta elegida por los activistas científicos y el celo represivo desproporcionado que el Estado está demostrando en este caso. Es importante remarcar que los efectos de esta acción de desobediencia civil sobre el patrimonio del Congreso fueron nulos, ya que el producto fue especialmente diseñado para poder ser limpiado con facilidad. En menos de media hora, la imagen del edificio del Congreso había recuperado completamente la normalidad. Ante la magnitud de lo que está en juego con la crisis climática y el grado de violencia que esta va a infringir sobre millones de personas, lo sociológicamente sorprendente es que la respuesta social a la inacción climática siga siendo tan civilizada.
Por todo ello, al margen de cualquier consideración sobre la forma organizativa y la idoneidad política de esta protesta específica y su ejecución, que no entraremos a valorar, desde el Observatorio de la Transición Ecológica del CCHS del CSIC queremos declarar nuestro apoyo a los encausadas y encausados a partir de tres consideraciones
-la protesta climática, en sus múltiples formas, no solo es legítima, sino imprescindible para que la crisis climática pueda ser enfrentada desde una perspectiva transformadora que, necesariamente, va a generar conflicto y por tanto fricción y resistencias al cambio entre diferentes intereses creados.
-el conflicto y la protesta son elementos inherentes de una democracia pluralista. Reprimir de un modo tan desproporcionado una acción de protesta simbólica inofensiva supone un paso más en el retroceso democrático de nuestras sociedades, que debe ser nítidamente denunciado y enmarcado en un contexto de deterioro muy peligroso de las libertades y los derechos políticos y sociales.
-los comportamientos represivos excesivos que hoy toleramos se convertirán en el patrón de la normalidad en un futuro. En unos años donde la conflictividad impulsada por conflictos socioambientales y climáticos solo puede incrementarse, es importante impedir la consolidación de experimentos represivos abusivos, que sienten precedentes que contribuyan a criminalizar jurídicamente y coartar políticamente la expresión del descontento y el malestar climáticos.
En vista de lo expuesto, solicitamos a la Fiscalía que todos los cargos sean inmediatamente retirados. E instamos al gobierno de España a ser consecuente con el espíritu de la Declaración de Emergencia Climática aprobada en el Consejo de Ministros del 20 de enero de 2020, utilizando las herramientas del Estado no para reprimir a la parte más avanzada y audaz de la sociedad civil en lucha contra el cambio climático, sino para desplegar una transición ecológica ambiciosa y justa que esté a la altura de los graves retos del siglo XXI.
